Estaba Carlos I en Barcelona en julio de1519, cuando recibió una noticia que esperaba ansiosamente y era que había sido elegido emperador de Alemania. Dicha nueva a la que se unió la de su pronta marcha, se extendió rápidamente por todos los reinos peninsulares y produjo un profundo malestar. Critica el historiador del s. XIX Modesto Lafuente el desmedido interés de Carlos por querer ser elegido emperador a la muerte de su abuelo Maximiliano y especula que fue por vanidad. De suerte que dice “empleó toda clase de medios, de gestiones y de artificios para alcanzar la corona imperial” y recoge de los cronistas contemporáneos que dicho encumbramiento nada gustó a los castellanos y así escribe: “tan lejos estuvo de lisonjear a los españoles el encumbramiento de su rey que lo miraron como un acontecimiento infausto. Siempre habían sentido los castellanos la ausencia de sus reyes y auguraban sobre todo que sus tesoros acabarían de emigrar a tierras extrañas y vaticinaban lo con tanto o más fundamento cuanto que tenían ya demasiadas pruebas de la insaciable voracidad de los flamencos.
Para todo el mundo era evidente que el nombramiento iba a traer nuevos y numerosos compromisos y que se iba a interrumpir la política de fortalecimiento interno, que habían llevado a cabo los Reyes Católicos, sus abuelos, y lo que era peor, con los nuevos compromisos llegarían unos gastos y unas urgencias financieras hasta entonces desconocidos. Y desconocidos por lo cuantiosos resultaron ser los mismos desembolsos realizados por Carlos V para poder ser elegido y coronado emperador. Tuvo que comprar con grandes cantidades de dinero los votos de los príncipes electores y a su cargo corrieron los gastos de las espléndidas fiestas, organizadas como motivo de su coronación en Aquisgrán, como rey de romanos y emperador. Para todo lo cual, hubo de solicitar préstamos de dinero y que fueran otorgados por los banqueros Fugger y Welser. A partir de este momento estos apellidos se convertirían en los primeros eslabones de una larga cadena de acreedores extranjeros y peninsulares, incluidos también los portugueses, que acabaría endeudando a los diversos reinos y sería al final la ruina de Castilla como pagadora última de todas las deudas.
La guerra contra Francia en la década de 1520-1530, las operaciones ofensivas y defensivas contra los turcos en la siguiente década, es decir de 1530 a 1540 y luego en los años 40-50 el desesperado intento de contener la herejía y las revueltas en Alemania, supusieron una constante extorsión para las finanzas imperiales.
Los ejércitos en permanente estado de campaña requerían continuas remeses de dinero para suministros y pagas a los soldados, por lo que Carlos se dirigía sucesivamente a sus distintos dominios en busca de aquellas y negociaba préstamos, siempre en una situación desfavorable, con sus banqueros alemanes y genoveses hipotecando cada vez más sus fuentes de recursos presentes y futuros.
Este vivir al día sin pensar en una política económica que proporcionara estabilidad a sus reinos, había provocado ya en los primeros días de su gobierno, las más pesimistas profecías acerca de un inevitable desastre financiero. Sin embardo la esperada bancarrota no llegaría a producirse hasta 1557, cuando ya Felipe II había sucedido a su padre.
El grueso de la carga de la financiación del Imperio de Carlos V, recuerda Elliot, fue soportado por territorios diferentes, en épocas distintas, dependiendo de la capacidad fiscal que se les suponía y por consiguiente de la mayor o menor facilidad para conseguir dinero. Los territorios europeos fueron los primeramente afectados, ya que el papel desempeñado por las nuevas tierras de América, en la financiación de la política de los Austrias, fue relativamente pequeño durante la primera mitad del s. XVI: lo cual debe ser interpretado como que el expansionismo carolino a diferencia del de su hijo, fue algo esencialmente europeo.
Durante la primera mitad del reinado, los Países Bajos e Italia, llevaron casi todo el peso de los gastos imperiales, pero cuando ambos fueron quedando exhaustos, Carlos se vio obligado a recurrir a la corona española, de forma regular, y así lo escribía su hermano Fernando en 1540 “sólo me pueden sostener mis reinos de España” decía.
De los impuestos percibidos por la monarquía, los pagados por los reinos de la Corona de Aragón, constituyeron siempre una parte relativamente pequeña. En estos reinos Carlos V dependía por completo de los subsidios que debían otorgar sus cortes. Eran estas unas cortes poderosas porque habían optado por quedarse al margen del problema que había ocupado a las cortes castellanas, es decir las guerras de las comunidades, así que todavía podían guardar celosamente sus libertades y por ello imponer condiciones tan restrictivas, que las oportunidades que tenía Carlos de aumentar las cantidades de dinero eran mínimas. Por este motivo el emperador tuvo que empezar a servirse cada vez más de Castilla y de sus variados recursos fiscales.
Como en Aragón se convirtieron en principales fuentes de ingresos las concesiones de dinero tradicionalmente votadas por las cortes y que eran conocidas con el nombre de servicio. Aquellas en principio eran otorgamientos excepcionales, algo que se concedía de forma temporal en casos de emergencia y cuando la recaudación de los impuestos ordinarios, llamados rentas ordinarias, había resultado insuficiente.
Las numerosas convocatorias de cortes en estos años por parte de Carlos V, reflejan que dicho servicio se fue convirtiendo en una entrega habitual, a medida que fueron descendiendo las cantidades recaudadas por los procedimientos ordinarios. Hay que decir que se denominaban rentas ordinarias, las propias de toda monarquía del s. XVI: tales como:
los derechos de aduanas de mar y de tierra,
el servicio Montazgo por el tráfico de ganado por los diversos reinos y
principalmente el impuesto sobre todas las rentas llamado alcabala.
Y descendieron las cantidades recaudadas por este principal impuesto que representaba a principios del s. XVI, el 80 ó 90% de los ingresos de la Corona de Castilla, cuando las cortes lograron de Carlos V, que sus cantidades variables y que dependían de las transacciones comerciales efectuadas en el año, se convirtieran en 1525 en una suma fija anual llamada encabezamiento impuesta a los vecinos. El rey no había tenido problema alguno en aceptarlo, porque aparentemente se trataba de una solución conveniente a la monarquía, ya que ésta necesitada permanentemente de dinero, lo único que quería era cobrar y de este modo se aseguraba una cantidad efectiva de dinero procedente de las ciudades y villas. Lo que sucedió en la práctica fue que la cantidad entregada resultó siempre menor.
Para la paz interna de Castilla, la sustitución de la alcabala, que era un impuesto indirecto por los servicios otorgados por las cortes no fue beneficiosa, porque aquella por muchos inconvenientes que tuviera tenía la gran ventaja de ser un impuesto universal pagado por todas las clases sociales, ya que era una contribución sobre todas las transacciones de compra y venta. En cambio los servicios afectaban a un solo sector de la sociedad, el de los pecheros, mientras que todos los individuos que poseían algún tipo de privilegio estaban exentos de él.
A medida que Carlos fue exigiendo a las cortes mayor cantidad de servicios fue ahondándose aún más la diferencia entre los privilegiados y los no privilegiados, de suerte que, indujo a muchos comerciantes y hombres de negocios a comprar privilegios de hidalguía para escapar de la carga tributaria.
Deseoso el emperador de que todas las clases sociales participaran en las cargas del estado, en las cortes de 1538 intentó crear un nuevo impuesto sobre los artículos alimenticios que se conocería con el nombre de sisa y que sería pagado por privilegiados y no privilegiados. El estamento aristocrático se opuso rotundamente a un impuesto que parecía ir en contra de su privilegio de exención. Al final la fuerza de la oposición obligó al emperador a capitular y los procuradores de las ciudades que eran los mayores beneficiarios de que la variable alcabala se hubiera convertido en una cantidad anual fija, se apresuraron a salir en su defensa votando un servicio extraordinario de 150 millones de maravedíes a cambio de que la cantidad fijada en concepto de encabezamiento no se alterase en los diez años siguientes.
Después de ese año, los nobles y el clero no volvieron a ser convocados a las cortes y los representantes de las ciudades hubieron de hacer frente en solitario a las pretensiones cada vez más arbitrarias de la Corona.
Al mismo tiempo otras fuentes de ingresos seguían proporcionando dinero a Carlos V, tales eran las contribuciones directas a las que estaba obligada la iglesia española por concesión papal a los reyes.
La iglesia debía pagar dos cantidades anuales fijas:
las tercias reales que eran los dos novenos de la recaudación de sus diezmos sobre todos los productos agrícolas y ganaderos, por ser una gracia que los monarcas en virtud de haber ofrecido ellos, o sus antecesores, bienes y templos a la iglesia.
El subsidio que consistía en el pago de una parte alícuota pactada entre la monarquía y el papado de los beneficios, frutos o rentas eclesiásticas de todos los reinos españoles.
Pero la cobranza efectiva de ambas cantidades sufría mermas considerables porque los banqueros hacían pagar cara su intervención y además porque había que deducir dispensas, mercedes y limosnas, concedidas por el monarca a monasterios, hospitales y a personas favorecidas con la gracia real a expensas de la suma presupuestada.
Junto a estas contribuciones regulares, la monarquía se beneficiaba además de los ingresos de las sedes episcopales y cargos en el tiempo que estuviesen vacantes y sobre todo de las rentas de la tierra de las órdenes militares a raíz de la famosa bula del papa Adriano VI de 1523, que dejó vinculadas a perpetuidad la dignidad de maestre y la administración de las mesas a la corona real. Carlos V, no se limitó a administrar las rentas de las órdenes, sino que empezó a utilizar los bienes de éstas cómo si fueran propios, y así para pagar deudas, comenzó a dar en propiedad de esas a los banqueros o a cederles la explotación de ciertos bienes inmuebles. Tal sucedió con las minas de Almadén cuyos rendimientos estuvieron en manos de los Fugger durante décadas o con todas las dehesas de las órdenes de Alcantara y Calatrava que entre 1532 y 1537 las tuvieron los Welser y habría que añadir otro impuesto concedido por bula ponfiticia, que debían pagar tanto los laicos como los eclesiásticos y que Carlos V aprovechó al máximo y era el de cruzada. Ésta había sido concedida en un principio, como una contribución auxiliar para ayudar a los monarcas en su lucha contra los infieles, pero durante el reinado de Carlos V, se convirtió en una fuente regular y necesaria de ingresos, que debían pagar cada tres años, todos los hombres, mujeres y niños que desearan una bula de indulgencias.
Lo más significativo de esta contribución era su universalidad, por el influjo de la religión, de modo que en la práctica era pagado por todos sus habitantes y así su cantidad final, resultaba ser por lo menos equivalente a los ingresos que percibía de América la monarquía.
Desde el primer momento, quedó demostrado, que el gobierno no podía hacer frente a sus gastos con las fuentes de ingresos que hemos relatado y los gastos seguían aumentando mientras que los ingresos resultaban por regla general inferiores a lo esperado.
Para intentar rebajar el déficit, el emperador se vio obligado a recurrir a ciertas medidas, como apropiarse de los envíos de plata americana de los particulares y compensar a los perjudicados con juros o vales del gobierno. Pero estas confiscaciones no eran más que medidas de urgencia, que permitían cubrir las necesidades de forma inmediata.
Por tanto, era preciso encontrar algún sistema de financiamiento deficitario más estable y se consiguió mediante el recurso permanente a los banqueros y la venta de los citados juros.
Por el primero los banqueros se comprometían a adelantar el dinero, con la condición de verse pagados con la llegada de la primera remesa de plata, que llegase de las Indias, o con los primeros impuestos recaudados. Esta condición adoptó la forma de un contrato escrito llamado asiento y que era redactado por el Consejo de Hacienda. Es fácil comprender que a medida que el sistema de asientos se convirtió en algo regular y habitual, los banqueros fueron apoderándose de todas las fuentes de ingresos de Castilla.
El segundo fue una forma de captar dinero por parte de la monarquía, a cambio de recibir cantidades llegó a ofrecer a los inversores, un interés anual de hasta un 7%. El resultado de la operación fue el nacimiento de una poderosa clase de rentistas, que invertía su dinero no en el comercio ni en las manufacturas, sino en esos beneficiosos vales.
En conjunto, la política extranjera de Carlos V trajo desastrosas consecuencias para Castilla y durante su reinado, observa Elliot, empezaron a desarrollarse tres procesos que iban a tener una enorme importancia para la España de los siglos XVI y XVII:
En primer lugar se estableció el dominio de los banqueros extranjeros, sobre las fuentes de riqueza del país.
En segundo lugar quedó determinado que Castilla llevaría el principal peso de la carga tributaria en España.
Y por último casi todo el peso fiscal recayó sobre las clases menos capacitadas para soportarlo.
