El Tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea

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EL TRATADO DE ADHESION A LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA

El régimen de Franco solicitó la incorporación al Mercado Común en 1962, pero su condición de régimen autoritario lo hacía imposible. Aunque en 1970 se negoció un acuerdo preferencial de carácter económico. En cualquier caso, tras el asesinato de Carrero Blanco y el endurecimiento de la represión, las relaciones con Europa se deterioraron, en especial con las sentencias a muerte de septiembre de 1975.

Con la muerte de Franco se abrieron nuevas posibilidades, aunque el gobierno de Arias Navarro no permitía que se plasmasen en nada. Fue tras las primeras elecciones y la constitución del primer gobierno de Suárez cuando se solicitó oficialmente el ingreso. Las negociaciones oficiales se iniciaron en 1979 y fueron muy laboriosas al temer los estados miembros que la ampliación pudiese crear dificultades económicas, sobre todo por el potencial agrícola de España. Los obstáculos fueron sobre todo promovidos por Francia.

Pese a las gestiones personales realizadas por Suárez con Giscard d’Estaing, este se manifestó contrario al ingreso de nuevos miembros en la CE. Desde la CE se comunicó a España que sólo se podrían continuar las negociaciones cuando se acabasen otros trabajos pendientes. La incorporación de países con alto potencial agrícola como Grecia, España y Portugal era especialmente rechazada por Francia, que había cuidado sus relaciones con los países del Magreb que ahora se verían perjudicados.

Tras el intento de golpe de estado del 23-F cambió la política dilatoria de la CE, que veía un peligro involucionista. Aunque las declaraciones fueron en el sentido de apoyar sin fisuras la plena integración de España en la CE, el problema agrícola siguió siendo un escollo para Francia. Tanto el gobierno de Giscard d’Estaing como el de Miterrand sufrieron la presión de los sindicatos agrarios. Según estos, con la ampliación aumentarían los excedentes de vino, aceite de oliva, frutos y vegetales, complicando la reforma del PAC. Realmente, la posibilidad de que los productos españoles ocupasen parte de sus mercados tradicionales era lo que temían.

El gobierno socialista surgido de las elecciones de 1982 mostró una voluntad de integración en la CE similar al de UCD. Bajo el gobierno de Felipe González, El ingreso en el Mercado Común se logró con un grado de consenso casi absoluto. En la época de Morán se tomaron algunas iniciativas para mejorar las relaciones con algunos países europeos con la vista puesta a obtener de ellos mayores facilidades en la negociación comunitaria. El levantamiento de las restricciones impuestas al paso de Gibraltar llevó a la declaración de Bruselas entre España y Gran Bretaña, que sirvió tan sólo para precisar algo el acuerdo anterior, logrado en la época de UCD, sin que ello supusiera un cambio de verdadera importancia. Pero partieron de una posición mucho más favorable no sólo internamente, sino también en el contexto internacional. Los dos principales frentes de negociación fueron con Alemania, para conseguir apoyos importantes dentro de la CE, y con Francia, que era el país más contrario a la integración española. La RFA estaba interesada por razones políticas y estratégicas en la ampliación de la Comunidad y negoció con Francia la integración española a cambio de asumir el coste de la ampliación. Esta fue la llamada “Fórmula de Stuttgart”, mediante la cual se consiguió avanzar en 1983 y 1984 en diferentes capítulos. Fue el capítulo agrícola el que siguió estancado. Fue a partir de la entrevista de González con Miterrand cuando la postura francesa empezó a cambiar y se tornó claramente favorable. En la cumbre de Fontainebleau en junio de 1984 se logró una solución de compromiso a las reformas internas de la Comunidad. También España y Francia llegaron a un acuerdo para tratar por separado las cuestiones sobre vegetales y frutos.

En la fase final del proceso hubo importantes escollos entre Francia y España sobre cuestiones vinícolas y de pesca. Sobre estos temas se llegó a un acuerdo en la reunión de París convocada por Andreotti. Así pues, en la cumbre de Bruselas del 30 de marzo de 1985 quedaron finalizadas las condiciones de adhesión de España a la CE. En junio se firmaron en Lisboa y Madrid el acuerdo de adhesión de la Península Ibérica, que entraron a formar parte de la Comunidad el 1 de enero de 1986. A España le correspondió una cuota de representatividad del 11 % aproximadamente.

El ingreso en la Comunidad fue presentado por el gobierno como uno de sus principales logros. Se conseguía con ello un doble objetivo: consolidar el sistema democrático y relanzar la economía a partir de la participación en los programas de desarrollo de la CE. Las diferencias entre los partidos no estuvieron en el ingreso, sino en las condiciones en las que este se produciría. La CEOE quiso salvaguardar los intereses de la poco preparada industria española. Comisiones Obreras criticó el déficit social del acuerdo.

Los beneficios a medio y largo plazo fueron indudables, pero económicamente en el corto plazo si se produjo un cierto impacto negativo o, al menos, ciertos problemas de integración en un mercado tan amplio y complicado. España tuvo que adaptar el sistema de impuestos IVA, y suprimir el sistema que gravaba las importaciones y subvencionaba las exportaciones. Pero el mayor problema fue el deterioro de la balanza comercial española con la CE. Se procuró paliar mediante: crecimiento de la inversión extranjera y desarrollo de política de ayudas de las instituciones comunitarias. La inversión extranjera se vio en gran medida frenada a finales de los ochenta, con el final de la Guerra Fría y el desplazamiento de las inversiones a Europa Central y Oriental. Las ayudas comunitarias fueron defendidas por el gobierno socialista como medidas para promover mayor cohesión tanto social como económica. En este sentido presionaron España, Grecia, Portugal e Irlanda, ayudados en ocasiones por Italia. En 1991, durante la cumbre de Maastrich, se creó un nuevo Fondo de Cohesión y se duplicaron los fondos estructurales durante cinco años.