Los orígenes del denominado Estado de la Autonomías están en los resultados electorales del 15 de junio de 1977. Los electores catalanes y vascos expresaron una clara voluntad autonomista, y forzaron al gobierno Suárez a dar respuestas inmediatas.
En Cataluña los diputados electos, muchos socialistas y comunistas, formaron una asamblea de parlamentarios que reclamo la restauración del Estatuto de Autonomía. Pero, Suárez, en hábil maniobra invito a Madrid al presidente de la Generalitat en el exilio, J. Tarradellas, logrando neutralizar así el protagonismo político de los parlamentarios. Aunque no hubo acuerdos inmediatos, en septiembre tras la Díada de Catalunya con centenares de miles de manifestantes en Barcelona, el gobierno aprobó un decreto-ley que restablecía provisionalmente la Generalitat pero no restauraba el estatuto de 1932. Pocos días después Tarradellas era nombrado presidente, regresando triunfalmente a Barcelona a fines de octubre. La Generalitat provisional, con un gobierno de concentración, tenía escasas competencias apoyada en la Diputación de Barcelona, de la que Tarradellas era nombrado también presidente. La carga simbólica de la mera existencia de la Generalidad tuvo un impacto extraordinario.
En el País Vasco, el gobierno Suárez intento una operación parecida a la catalana, pero el presidente vasco en el exilio, Jesús Maria de Leizaola, cedió todo el protagonismo a la asamblea de Parlamentarios, mucho menos izquierdista que la catalana. Una asamblea en la que apareció de inmediato la conflictiva cuestión navarra, al rechazar incorporarse los parlamentarios navarros de UCD que eran la lista más votada. Después de largas negociaciones en diciembre se creo el Consejo General vasco, presidido por el socialista Ramón Rubial. El establecimiento de los órganos provisionales de autogobierno en Cataluña y País Vaco estimuló las reivindicaciones autonomistas de muchas regiones.
En su título VIII la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen. Se establecieron los cauces legales para que los territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse en Comunidades autónomas. Las Comunidades Autónomas que se constituyeran tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumían. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes Generales. Aprobada la Constitución, se constituyeron en el período 1979-1983 las actuales Comunidades Autónomas y nuestro país quedó conformado por 17 Comunidades y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Mellilla constituidas en 1995). Cada una de estas comunidades posee una Asamblea Legislativa y un Gobierno propios. La Constitución también establece el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español.
Tras la aprobación de la Constitución, y las elecciones generales, fueron rápidamente presentados en las Cortes los proyectos de estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco. Su elaboración no estuvo exenta de algunas disputas relevantes (en Cataluña: proporcionalidad en el sistema electoral). Después de largas, laboriosas y a veces tensas negociaciones, los estatutos fueron aprobados por las Cortes, convirtiéndose en leyes orgánicas, conforme a lo establecido en la Constitución. Ambos estatutos asignaban a las instituciones autonómicas importantes competencias, en muchos casos exclusivas (en materias como lengua y cultura, medios de comunicación, enseñanza, sanidad, trabajo, ordenación territorial, obras públicas, transportes, y turismo) y más limitadas en orden público y justicia. La financiación era muy diferente, mediante los conciertos económicos en el caso vasco y con la participación en los ingresos del Estado en el catalán. Ambos estatutos fueron aprobados en los referéndums celebrados en 1979, con el 90% de los votos favorables en el País Vasco y el 88% en Cataluña, aunque con elevados porcentajes de abstención (40%).
Entre 1979 y 1982 la cuestión autonómica tuvo un gran protagonismo en la vida política española, aunque otros graves problemas lo tuvieron: la crisis económica, el crecimiento del paro, la violencia terrorista y las amenazas golpistas ocupaban la atención de los ciudadanos y los políticos.
Descartada la limitación de los regímenes autonómicos a Cataluña, el País Vasco y Galicia, la opción que se impuso definitivamente fue la generalización, por las expectativas creadas a partir de la identificación democracia-autonomía; la existencia de órganos preautonómicos en la mayoría de regiones; la relativa fortaleza de las reivindicaciones autonomistas en regiones como Andalucía o el País Valenciano; el federalismo de la izquierda; y la posición del partido gubernamental. Pero, para UCD y el gobierno, las nuevas Comunidades Autónomas se constituirían siguiendo la «vía lenta» y con un menor nivel de competencias, al menos inicialmente, lo que fue interpretado como un recorte del grado de autogobierno que podrían alcanzar.
Esto provocó un importante conflicto en Andalucía, donde la Junta y la mayoría de las fuerzas políticas habían decidido promover el acceso a la autonomía por la «vía rápida» (art. 151), con una amplia campaña de movilización ciudadana e institucional protagonizada por las formaciones políticas de la izquierda y por el PSA, que erosionó profundamente a UCD. Conforme a las previsiones constitucionales, para seguir la vía rápida debía celebrarse un referéndum para que la mayoría absoluta de los electores de cada provincia aprobara la iniciativa autonómica. El 64 % del censo electoral andaluz se pronunció favorablemente al acceso a la autonomía máxima, siendo elaborado y aprobado un Estatuto de Autonomía con las máximas competencias en 1981. En 1982 las primeras elecciones al Parlamento autonómico dieron un amplio triunfo al PSOE, 66 escaños, en tanto UCD se derrumbaba (15 escaños). El referéndum andaluz fue un grave revés para el gobierno; si UCD quería reconducir el desarrollo autonómico era indispensable alcanzar un acuerdo con la oposición, en especial con el PSOE. Rodolfo Martín Villa, ministro de Administración Territorial, fue el encargado de lograr ese acuerdo, finalmente formalizado en los denominados «pactos autonómicos» entre UCD y PSOE de 1981, dando lugar posteriormente a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (1982) con la oposición del resto de fuerzas parlamentarias. La LOAPA estableció el proceso para completar el despliegue del Estado de las Autonomías, permitiendo que todas las comunidades alcanzaran las máximas competencias y las instituciones de mayor rango, consolidó el Estado de las Autonomías. A lo largo de 1982 fueron aprobados los estatutos de autonomía de La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha, Canarias, Asturias y Cantabria, todos siguiendo las previsiones del artículo 143. También fue aprobada la Ley de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Al año siguiente, ya con un gobierno del PSOE, se aprobaron los estatutos de Extremadura, Baleares, Castilla y León y Madrid. Los últimos fueron los de Ceuta y Melilla.
Fuente: Apuntes de la asignatura, Elaboración Propia, http://www.historiasiglo20.org/HE/16a-2.htm, http://www.historiasiglo20.org/HE/16b.htmEn Cataluña los diputados electos, muchos socialistas y comunistas, formaron una asamblea de parlamentarios que reclamo la restauración del Estatuto de Autonomía. Pero, Suárez, en hábil maniobra invito a Madrid al presidente de la Generalitat en el exilio, J. Tarradellas, logrando neutralizar así el protagonismo político de los parlamentarios. Aunque no hubo acuerdos inmediatos, en septiembre tras la Díada de Catalunya con centenares de miles de manifestantes en Barcelona, el gobierno aprobó un decreto-ley que restablecía provisionalmente la Generalitat pero no restauraba el estatuto de 1932. Pocos días después Tarradellas era nombrado presidente, regresando triunfalmente a Barcelona a fines de octubre. La Generalitat provisional, con un gobierno de concentración, tenía escasas competencias apoyada en la Diputación de Barcelona, de la que Tarradellas era nombrado también presidente. La carga simbólica de la mera existencia de la Generalidad tuvo un impacto extraordinario.
En el País Vasco, el gobierno Suárez intento una operación parecida a la catalana, pero el presidente vasco en el exilio, Jesús Maria de Leizaola, cedió todo el protagonismo a la asamblea de Parlamentarios, mucho menos izquierdista que la catalana. Una asamblea en la que apareció de inmediato la conflictiva cuestión navarra, al rechazar incorporarse los parlamentarios navarros de UCD que eran la lista más votada. Después de largas negociaciones en diciembre se creo el Consejo General vasco, presidido por el socialista Ramón Rubial. El establecimiento de los órganos provisionales de autogobierno en Cataluña y País Vaco estimuló las reivindicaciones autonomistas de muchas regiones.
En su título VIII la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen. Se establecieron los cauces legales para que los territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse en Comunidades autónomas. Las Comunidades Autónomas que se constituyeran tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumían. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes Generales. Aprobada la Constitución, se constituyeron en el período 1979-1983 las actuales Comunidades Autónomas y nuestro país quedó conformado por 17 Comunidades y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Mellilla constituidas en 1995). Cada una de estas comunidades posee una Asamblea Legislativa y un Gobierno propios. La Constitución también establece el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español.
Tras la aprobación de la Constitución, y las elecciones generales, fueron rápidamente presentados en las Cortes los proyectos de estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco. Su elaboración no estuvo exenta de algunas disputas relevantes (en Cataluña: proporcionalidad en el sistema electoral). Después de largas, laboriosas y a veces tensas negociaciones, los estatutos fueron aprobados por las Cortes, convirtiéndose en leyes orgánicas, conforme a lo establecido en la Constitución. Ambos estatutos asignaban a las instituciones autonómicas importantes competencias, en muchos casos exclusivas (en materias como lengua y cultura, medios de comunicación, enseñanza, sanidad, trabajo, ordenación territorial, obras públicas, transportes, y turismo) y más limitadas en orden público y justicia. La financiación era muy diferente, mediante los conciertos económicos en el caso vasco y con la participación en los ingresos del Estado en el catalán. Ambos estatutos fueron aprobados en los referéndums celebrados en 1979, con el 90% de los votos favorables en el País Vasco y el 88% en Cataluña, aunque con elevados porcentajes de abstención (40%).
Entre 1979 y 1982 la cuestión autonómica tuvo un gran protagonismo en la vida política española, aunque otros graves problemas lo tuvieron: la crisis económica, el crecimiento del paro, la violencia terrorista y las amenazas golpistas ocupaban la atención de los ciudadanos y los políticos.
Descartada la limitación de los regímenes autonómicos a Cataluña, el País Vasco y Galicia, la opción que se impuso definitivamente fue la generalización, por las expectativas creadas a partir de la identificación democracia-autonomía; la existencia de órganos preautonómicos en la mayoría de regiones; la relativa fortaleza de las reivindicaciones autonomistas en regiones como Andalucía o el País Valenciano; el federalismo de la izquierda; y la posición del partido gubernamental. Pero, para UCD y el gobierno, las nuevas Comunidades Autónomas se constituirían siguiendo la «vía lenta» y con un menor nivel de competencias, al menos inicialmente, lo que fue interpretado como un recorte del grado de autogobierno que podrían alcanzar.
Esto provocó un importante conflicto en Andalucía, donde la Junta y la mayoría de las fuerzas políticas habían decidido promover el acceso a la autonomía por la «vía rápida» (art. 151), con una amplia campaña de movilización ciudadana e institucional protagonizada por las formaciones políticas de la izquierda y por el PSA, que erosionó profundamente a UCD. Conforme a las previsiones constitucionales, para seguir la vía rápida debía celebrarse un referéndum para que la mayoría absoluta de los electores de cada provincia aprobara la iniciativa autonómica. El 64 % del censo electoral andaluz se pronunció favorablemente al acceso a la autonomía máxima, siendo elaborado y aprobado un Estatuto de Autonomía con las máximas competencias en 1981. En 1982 las primeras elecciones al Parlamento autonómico dieron un amplio triunfo al PSOE, 66 escaños, en tanto UCD se derrumbaba (15 escaños). El referéndum andaluz fue un grave revés para el gobierno; si UCD quería reconducir el desarrollo autonómico era indispensable alcanzar un acuerdo con la oposición, en especial con el PSOE. Rodolfo Martín Villa, ministro de Administración Territorial, fue el encargado de lograr ese acuerdo, finalmente formalizado en los denominados «pactos autonómicos» entre UCD y PSOE de 1981, dando lugar posteriormente a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (1982) con la oposición del resto de fuerzas parlamentarias. La LOAPA estableció el proceso para completar el despliegue del Estado de las Autonomías, permitiendo que todas las comunidades alcanzaran las máximas competencias y las instituciones de mayor rango, consolidó el Estado de las Autonomías. A lo largo de 1982 fueron aprobados los estatutos de autonomía de La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha, Canarias, Asturias y Cantabria, todos siguiendo las previsiones del artículo 143. También fue aprobada la Ley de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Al año siguiente, ya con un gobierno del PSOE, se aprobaron los estatutos de Extremadura, Baleares, Castilla y León y Madrid. Los últimos fueron los de Ceuta y Melilla.