Relaciones con Iberoamérica y Estados Unidos
El gobierno socialista buscó situar a España entre los países occidentales más desarrollados, pero también impulsaron muy especialmente las relaciones con Latinoamérica y el Magreb.
Fernando Morán defendió el mantener capacidad de maniobra, evitando la satelitización respecto a Europa y EEUU. Buscó así mantener relaciones privilegiadas con Latinoamérica. Francisco Fernández Ordóñez (1985-1993) quiso desarrollar una política latinoamericana, como intermediario, en el marco de las instituciones europeas. Pero quedó claro que la diplomacia española no tenía suficiente capacidad para ello y se pasó a una política basada en el bilateralismo entre España y los países latinoamericanos. Dentro de esta política se condonó la deuda de algunos países. Desde 1988 las cuestiones económicas adquirieron mayor importancia. El objetivo era incrementar la presencia económica española, estimular los intercambios comerciales y potenciar las inversiones en la región. Se impulsaron las políticas de libre comercio (Mercosur) y los procesos de integración regional. Las relaciones con Cuba siguieron en un lugar destacable de la política exterior. El objetivo fue convencer a las autoridades cubanas de la necesidad de aplicar políticas liberalizadoras y buscar una transición pacífica hacia la democracia. Las relaciones económicas entre ambos países aumentaron en este período.
Relaciones con el Magreb
El gobierno socialista mantuvo la tradicional amistad con los países árabes, aunque estableció relaciones diplomáticas con Israel manteniendo el principio de retirada de los territorios ocupados y el derecho de autodeterminación de Palestina.
El cambio principal fue el abandono del apoyo tradicional del PSOE a las reivindicaciones del Frente Polisario y el establecimiento de una política de no injerencia en los asuntos internos de Marruecos y Argelia. Se cerraron acuerdos en diversas materias, pero el tema de las aguas territoriales del Sahara, que afectaba a los pescadores canarios, quedaba pendiente. La intermediación del rey Juan Carlos ante Hassan II solucionó el problema. Desde mediados de 1994 el gobierno marroquí solicitó la reducción de las capturas de la CE en sus aguas territoriales, medida que afectaba fundamentalmente a España. En el mismo año el gobierno español aprobó los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, lo que empeoró la situación. En 1995 se solucionó la situación con la firma de un nuevo acuerdo de pesca.
Las relaciones con Argelia giraron fundamentalmente en torno al tema del Sahara y al problema del gas. Respecto al primero, Argelia pretendía que España asumiera sus responsabilidades y apoyase al Frente Polisario contra Marruecos. España rechazó inmiscuirse en el tema directamente, aunque apoyó las propuestas de la ONU y mantuvo contactos con el Frente Polisario.
En el tema del gas, las cantidades compradas con anterioridad eran superiores a las necesarias y el precio muy superior al real del mercado. Este tema lo trató Alfonso Guerra en su visita de 1983. El tema se renegoció en la visita a Argel de Fernando Morán en 1985. Las buenas relaciones logradas fueron continuadas por Fernández Ordóñez, pero se volvieron a enfriar a raíz del asesinato del primer ministro Budiaf y del aumento de la violencia política.
La integración en Europa
El gobierno socialista surgido de las elecciones de 1982 mostró una voluntad de integración en la CE similar al de UCD. Pero partieron de una posición mucho más favorable no sólo internamente, sino también en el contexto internacional. Los dos principales frentes de negociación fueron con Alemania, para conseguir apoyos importantes dentro de la CE, y con Francia, que era el país más contrario a la integración española. La RFA estaba interesada por razones políticas y estratégicas en la ampliación de la Comunidad y negoció con Francia la integración española a cambio de asumir el coste de la ampliación. Esta fue la llamada “Fórmula de Stuttgart”, mediante la cual se consiguió avanzar en 1983 y 1984 en diferentes capítulos. Fue a partir de la entrevista de González con Miterrand cuando la postura francesa empezó a cambiar y se tornó claramente favorable. En la cumbre de Fontainebleau en junio de 1984 se logró una solución de compromiso a las reformas internas de la Comunidad. También España y Francia llegaron a un acuerdo para tratar por separado las cuestiones sobre vegetales y frutos. En la fase final del proceso hubo importantes escollos entre Francia y España sobre cuestiones vinícolas y de pesca. Sobre estos temas se llegó a un acuerdo en la reunión de París convocada por Andreotti. Así pues, en la cumbre de Bruselas del 30 de marzo de 1985 quedaron finalizadas las condiciones de adhesión de España a la CE. En junio se firmaron en Lisboa y Madrid el acuerdo de adhesión de la Península Ibérica, que entraron a formar parte de la Comunidad el 1 de enero de 1986. A España le correspondió una cuota de representatividad del 11 % aproximadamente.
El ingreso en la Comunidad fue presentado por el gobierno como uno de sus principales logros. Se conseguía con ello un doble objetivo: consolidar el sistema democrático y relanzar la economía a partir de la participación en los programas de desarrollo de la CE. Los beneficios a medio y largo plazo fueron indudables, pero económicamente en el corto plazo si se produjo un cierto impacto negativo o, al menos, ciertos problemas de integración en un mercado tan amplio y complicado.
La OTAN
En contra de todos los pronósticos, el 12 de marzo de 1986 los españoles votaron a favor de la adhesión a la Alianza Atlántica en un referéndum histórico que supuso el fin de la neutralidad hacia las acciones militares del bloque occidental.
La entrada de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue un capítulo contradictorio y polémico. Esta organización suscitaba emociones opuestas. Los españoles se debatían entre el idealismo pacifista de rechazo a las armas y el miedo a no formar parte del bloque de países más poderosos del mundo. De hecho, el resultado del referéndum fue una incógnita hasta el último momento. La opinión pública reflejó un cambio notable desde que comenzó el debate a finales de los años 70, cuando se respiraba un rechazo general a la OTAN, hasta la victoria del sí en la votación, el 12 de marzo de 1986.
Existen varios factores que pudieron incidir en la transformación de la opinión de la sociedad española. Por un lado, el escaso interés en las cuestiones de seguridad exterior ralentizó el entendimiento de las razones para entrar en la OTAN. En segundo lugar, la idea de entrar en la Alianza Atlántica para prevenir la amenaza soviética se percibía como una reminiscencia de la propaganda franquista. Por otro lado, las Fuerzas Armadas se enfrentaban a una imagen negativa después de la Dictadura. Además, al principio predominaba la tesis de que el Gobierno debía dar prioridad a las relaciones con América Latina y los países árabes.
Las encuestas del CIS reflejaron la baja popularidad de la OTAN en la etapa de UCD con Leopoldo Calvo Sotelo, que fue el primer presidente que incluyó el tema en el programa de gobierno. En octubre de 1978 el no rondaba el 15%, el 26% en julio de 1979, el 30% en julio de 1981 y el 43% en septiembre de ese mismo año.
A pesar de ello, en octubre el Congreso aprobaba la solicitud de ingreso en la Alianza Atlántica con el apoyo de UCD, Centro Democrático, CiU, UPN y PNV, y con el voto en contra del PSOE, el Partido Comunista, el Partido Socialista Andaluz, Euskadiko Ezkerra, Ezquerra Republicana de Catalunya, el Partido Aragonés Regionalista y Unión del Pueblo Canario. España entró en la OTAN el 30 de mayo de 1982 y se convirtió en el decimosexto miembro de la organización. Faltaba el respaldo de los ciudadanos.
La llegada al poder del PSOE en octubre de 1982 marcó el punto de inflexión en la opinión pública. La postura atlantista consiguió más respaldo popular, gracias al giro de 180 grados que dio la cúpula del Partido Socialista.
Felipe González justificó el cambio de postura, en parte, en que la entrada en la OTAN favorecería el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) -actualmente, la UE-, que finalmente se produjo en enero de 1986. Sin embargo, cinco meses antes del referéndum un sondeo de Sofemasa indicaba que todavía un 46% de los ciudadanos estaban en contra de la OTAN.
El resultado final a favor de la adhesión pudo estar influenciado por varios factores. Por un lado, el posicionamiento de Alianza Popular para votar en blanco no convenció a gran parte de la derecha, que votó a favor. Los sectores más fieles del PSOE aceptaron los argumentos de Felipe González para no debilitar al partido en las siguientes elecciones generales. Además, el líder socialista apostó fuertemente por el cambio: reconoció los errores de su actitud anterior y defendió en cada intervención pública las ventajas que suponía para España entrar en el club atlántico. Por último, el índice de participación en el referendo, cercano al 60%, fue más elevado de lo esperado y favoreció el voto afirmativo.
La consulta planteaba la pregunta ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica, en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? Estos términos se referían a tres condiciones: la no incorporación a la estructura militar integrada de la OTAN, la prohibición de instalar o introducir armas nucleares en el país y la reducción de la presencia militar norteamericana en el territorio español. El referéndum se saldó con un 52,54% de los votos a favor, un 39,83% en contra y un 6,54% de abstenciones. El 14 de marzo España comunicó a la Alianza el resultado y, a partir de ese momento, entró en todos los comités, grupos de trabajo, agencias, presupuestos y planeamiento de la defensa de la OTAN, con excepción de la Estructura Integrada de Mandos.
La postura del Partido Socialista sobre la adhesión de España a la OTAN sufrió una transformación radical. Sus primeros posicionamientos en política de defensa a finales de los años 70 tuvieron un fuerte carácter neutralista y antiamericanista. Defendían el desmantelamiento de las bases extranjeras en territorio español y el rechazo a la política de bloques militares. En 1980, el entonces secretario general del PSOE, Felipe González, hizo pública su postura al defender la desnuclearización del Mediterráneo, algo completamente contradictorio con la existencia del Tratado del Atlántico Norte. González se comprometió a que, si algún día llegaba al poder, algo que ocurriría dos años después, convocaría un referéndum aconsejando a la ciudadanía el voto favorable a la salida de la OTAN. Cuando el presidente del momento, Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), solicitó el ingreso, González lo calificó de "barbaridad histórica" y "tremendo error". Apoyó las movilizaciones en las calles y votó en contra de la adhesión tanto en el Congreso como en el Senado. Durante la campaña electoral de 1982 el PSOE insistió en detener el proceso de integración y convocar un referéndum. Pero cuando González subió al poder, empezó a desmarcarse de la posición inicial y, en 1984, dio el definitivo giro atlantista. Basó su discurso en las ventajas de la Alianza para los intereses españoles, como la entrada en la Comunidades Europeas y la pertenencia al club de los países más desarrollados del mundo, admitiendo que el rechazo inicial del PSOE había sido un error.
El gobierno socialista buscó situar a España entre los países occidentales más desarrollados, pero también impulsaron muy especialmente las relaciones con Latinoamérica y el Magreb.
Fernando Morán defendió el mantener capacidad de maniobra, evitando la satelitización respecto a Europa y EEUU. Buscó así mantener relaciones privilegiadas con Latinoamérica. Francisco Fernández Ordóñez (1985-1993) quiso desarrollar una política latinoamericana, como intermediario, en el marco de las instituciones europeas. Pero quedó claro que la diplomacia española no tenía suficiente capacidad para ello y se pasó a una política basada en el bilateralismo entre España y los países latinoamericanos. Dentro de esta política se condonó la deuda de algunos países. Desde 1988 las cuestiones económicas adquirieron mayor importancia. El objetivo era incrementar la presencia económica española, estimular los intercambios comerciales y potenciar las inversiones en la región. Se impulsaron las políticas de libre comercio (Mercosur) y los procesos de integración regional. Las relaciones con Cuba siguieron en un lugar destacable de la política exterior. El objetivo fue convencer a las autoridades cubanas de la necesidad de aplicar políticas liberalizadoras y buscar una transición pacífica hacia la democracia. Las relaciones económicas entre ambos países aumentaron en este período.
Relaciones con el Magreb
El gobierno socialista mantuvo la tradicional amistad con los países árabes, aunque estableció relaciones diplomáticas con Israel manteniendo el principio de retirada de los territorios ocupados y el derecho de autodeterminación de Palestina.
El cambio principal fue el abandono del apoyo tradicional del PSOE a las reivindicaciones del Frente Polisario y el establecimiento de una política de no injerencia en los asuntos internos de Marruecos y Argelia. Se cerraron acuerdos en diversas materias, pero el tema de las aguas territoriales del Sahara, que afectaba a los pescadores canarios, quedaba pendiente. La intermediación del rey Juan Carlos ante Hassan II solucionó el problema. Desde mediados de 1994 el gobierno marroquí solicitó la reducción de las capturas de la CE en sus aguas territoriales, medida que afectaba fundamentalmente a España. En el mismo año el gobierno español aprobó los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, lo que empeoró la situación. En 1995 se solucionó la situación con la firma de un nuevo acuerdo de pesca.
Las relaciones con Argelia giraron fundamentalmente en torno al tema del Sahara y al problema del gas. Respecto al primero, Argelia pretendía que España asumiera sus responsabilidades y apoyase al Frente Polisario contra Marruecos. España rechazó inmiscuirse en el tema directamente, aunque apoyó las propuestas de la ONU y mantuvo contactos con el Frente Polisario.
En el tema del gas, las cantidades compradas con anterioridad eran superiores a las necesarias y el precio muy superior al real del mercado. Este tema lo trató Alfonso Guerra en su visita de 1983. El tema se renegoció en la visita a Argel de Fernando Morán en 1985. Las buenas relaciones logradas fueron continuadas por Fernández Ordóñez, pero se volvieron a enfriar a raíz del asesinato del primer ministro Budiaf y del aumento de la violencia política.
La integración en Europa
El gobierno socialista surgido de las elecciones de 1982 mostró una voluntad de integración en la CE similar al de UCD. Pero partieron de una posición mucho más favorable no sólo internamente, sino también en el contexto internacional. Los dos principales frentes de negociación fueron con Alemania, para conseguir apoyos importantes dentro de la CE, y con Francia, que era el país más contrario a la integración española. La RFA estaba interesada por razones políticas y estratégicas en la ampliación de la Comunidad y negoció con Francia la integración española a cambio de asumir el coste de la ampliación. Esta fue la llamada “Fórmula de Stuttgart”, mediante la cual se consiguió avanzar en 1983 y 1984 en diferentes capítulos. Fue a partir de la entrevista de González con Miterrand cuando la postura francesa empezó a cambiar y se tornó claramente favorable. En la cumbre de Fontainebleau en junio de 1984 se logró una solución de compromiso a las reformas internas de la Comunidad. También España y Francia llegaron a un acuerdo para tratar por separado las cuestiones sobre vegetales y frutos. En la fase final del proceso hubo importantes escollos entre Francia y España sobre cuestiones vinícolas y de pesca. Sobre estos temas se llegó a un acuerdo en la reunión de París convocada por Andreotti. Así pues, en la cumbre de Bruselas del 30 de marzo de 1985 quedaron finalizadas las condiciones de adhesión de España a la CE. En junio se firmaron en Lisboa y Madrid el acuerdo de adhesión de la Península Ibérica, que entraron a formar parte de la Comunidad el 1 de enero de 1986. A España le correspondió una cuota de representatividad del 11 % aproximadamente.
El ingreso en la Comunidad fue presentado por el gobierno como uno de sus principales logros. Se conseguía con ello un doble objetivo: consolidar el sistema democrático y relanzar la economía a partir de la participación en los programas de desarrollo de la CE. Los beneficios a medio y largo plazo fueron indudables, pero económicamente en el corto plazo si se produjo un cierto impacto negativo o, al menos, ciertos problemas de integración en un mercado tan amplio y complicado.
La OTAN
En contra de todos los pronósticos, el 12 de marzo de 1986 los españoles votaron a favor de la adhesión a la Alianza Atlántica en un referéndum histórico que supuso el fin de la neutralidad hacia las acciones militares del bloque occidental.
La entrada de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue un capítulo contradictorio y polémico. Esta organización suscitaba emociones opuestas. Los españoles se debatían entre el idealismo pacifista de rechazo a las armas y el miedo a no formar parte del bloque de países más poderosos del mundo. De hecho, el resultado del referéndum fue una incógnita hasta el último momento. La opinión pública reflejó un cambio notable desde que comenzó el debate a finales de los años 70, cuando se respiraba un rechazo general a la OTAN, hasta la victoria del sí en la votación, el 12 de marzo de 1986.
Existen varios factores que pudieron incidir en la transformación de la opinión de la sociedad española. Por un lado, el escaso interés en las cuestiones de seguridad exterior ralentizó el entendimiento de las razones para entrar en la OTAN. En segundo lugar, la idea de entrar en la Alianza Atlántica para prevenir la amenaza soviética se percibía como una reminiscencia de la propaganda franquista. Por otro lado, las Fuerzas Armadas se enfrentaban a una imagen negativa después de la Dictadura. Además, al principio predominaba la tesis de que el Gobierno debía dar prioridad a las relaciones con América Latina y los países árabes.
Las encuestas del CIS reflejaron la baja popularidad de la OTAN en la etapa de UCD con Leopoldo Calvo Sotelo, que fue el primer presidente que incluyó el tema en el programa de gobierno. En octubre de 1978 el no rondaba el 15%, el 26% en julio de 1979, el 30% en julio de 1981 y el 43% en septiembre de ese mismo año.
A pesar de ello, en octubre el Congreso aprobaba la solicitud de ingreso en la Alianza Atlántica con el apoyo de UCD, Centro Democrático, CiU, UPN y PNV, y con el voto en contra del PSOE, el Partido Comunista, el Partido Socialista Andaluz, Euskadiko Ezkerra, Ezquerra Republicana de Catalunya, el Partido Aragonés Regionalista y Unión del Pueblo Canario. España entró en la OTAN el 30 de mayo de 1982 y se convirtió en el decimosexto miembro de la organización. Faltaba el respaldo de los ciudadanos.
La llegada al poder del PSOE en octubre de 1982 marcó el punto de inflexión en la opinión pública. La postura atlantista consiguió más respaldo popular, gracias al giro de 180 grados que dio la cúpula del Partido Socialista.
Felipe González justificó el cambio de postura, en parte, en que la entrada en la OTAN favorecería el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) -actualmente, la UE-, que finalmente se produjo en enero de 1986. Sin embargo, cinco meses antes del referéndum un sondeo de Sofemasa indicaba que todavía un 46% de los ciudadanos estaban en contra de la OTAN.
El resultado final a favor de la adhesión pudo estar influenciado por varios factores. Por un lado, el posicionamiento de Alianza Popular para votar en blanco no convenció a gran parte de la derecha, que votó a favor. Los sectores más fieles del PSOE aceptaron los argumentos de Felipe González para no debilitar al partido en las siguientes elecciones generales. Además, el líder socialista apostó fuertemente por el cambio: reconoció los errores de su actitud anterior y defendió en cada intervención pública las ventajas que suponía para España entrar en el club atlántico. Por último, el índice de participación en el referendo, cercano al 60%, fue más elevado de lo esperado y favoreció el voto afirmativo.
La consulta planteaba la pregunta ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica, en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? Estos términos se referían a tres condiciones: la no incorporación a la estructura militar integrada de la OTAN, la prohibición de instalar o introducir armas nucleares en el país y la reducción de la presencia militar norteamericana en el territorio español. El referéndum se saldó con un 52,54% de los votos a favor, un 39,83% en contra y un 6,54% de abstenciones. El 14 de marzo España comunicó a la Alianza el resultado y, a partir de ese momento, entró en todos los comités, grupos de trabajo, agencias, presupuestos y planeamiento de la defensa de la OTAN, con excepción de la Estructura Integrada de Mandos.
La postura del Partido Socialista sobre la adhesión de España a la OTAN sufrió una transformación radical. Sus primeros posicionamientos en política de defensa a finales de los años 70 tuvieron un fuerte carácter neutralista y antiamericanista. Defendían el desmantelamiento de las bases extranjeras en territorio español y el rechazo a la política de bloques militares. En 1980, el entonces secretario general del PSOE, Felipe González, hizo pública su postura al defender la desnuclearización del Mediterráneo, algo completamente contradictorio con la existencia del Tratado del Atlántico Norte. González se comprometió a que, si algún día llegaba al poder, algo que ocurriría dos años después, convocaría un referéndum aconsejando a la ciudadanía el voto favorable a la salida de la OTAN. Cuando el presidente del momento, Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), solicitó el ingreso, González lo calificó de "barbaridad histórica" y "tremendo error". Apoyó las movilizaciones en las calles y votó en contra de la adhesión tanto en el Congreso como en el Senado. Durante la campaña electoral de 1982 el PSOE insistió en detener el proceso de integración y convocar un referéndum. Pero cuando González subió al poder, empezó a desmarcarse de la posición inicial y, en 1984, dio el definitivo giro atlantista. Basó su discurso en las ventajas de la Alianza para los intereses españoles, como la entrada en la Comunidades Europeas y la pertenencia al club de los países más desarrollados del mundo, admitiendo que el rechazo inicial del PSOE había sido un error.
Fuente: http://www.expansion.com/especiales/20a ... /otan.html, Apuntes de la asignatura, Elaboración propia